El 25 de junio, la corte del Distrito Sur de Texas dictaminó eliminar la política de inmigración de Biden que prioriza el arresto de inmigrantes indocumentados que son considerados una amenaza para la seguridad pública. El juez designado por Trump, Drew B. Tipton, dijo que la política limitaba a los agentes de inmigración a realizar arrestos. La demanda que presentaron Texas y Luisiana que limitó la política de Biden de priorizar las deportaciones, argumentaba que sus estados enfrentaban tensiones financieras al brindar servicios sociales a inmigrantes indocumentados. Sin embargo, el gobierno federal necesitaba esta política discrecional para hacer uso de los recursos limitados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En otras palabras, debido a los recursos limitados del DHS, solo las personas con condenas penales y que amenazan la seguridad pública deben enfrentar la deportación. La administración de Biden planea apelar esta decisión, ya que argumentan que ha habido un precedente de priorizar las deportaciones por administraciones anteriores.
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